Castrejón Diez, Jaime.
La política según los mexicanos
Editorial Oceano. Pp: 97-117.
México, 1995.

Evolución del estado

Se llama Estado al más frío de todos los monstruos fríos. Miente también con frialdad, y la mentira que sale de su boca es: "Yo el Estado Soy el Pueblo"

Federico Nietzsche

En el discurso político es dificil separar las concepciones teóricas de las posiciones ideológicas. Por ello, al estudiar la reforma del Estado debemos empezar por rexplorar los planteamientos existentes para dimensionar correctamente esta noción en el mundo actual.

Gran parte de la discusión sobre el Estado deriva de su definición. Aquellos que utilizan el jurídico o que parten de un punto de vista gubernamental, retoman la definición tradicional. Ésta se confirmó en Montevideo en 1993, durante la convención sobre el Estado, según la cual los Estados son unidades políticas caracterizadas por una población permanente, territorio definido, gobierno y autoridad para interrelacionarse con otros Estados. Sin embargo, tales elementos, si bien pueden ser indispensables para la subsistencia de Los Estados, no ofrecen una definición adecuada y flexible que considere las estructuras sujetas a variaciones.

El Estado no puede restringir sus recursos de poder tan sólo a su estructura militar interna o a los parámetros de población y territorio. Estos parámetros dependen en gran medida de la propia capacidad del Estado para desarrollar las potencialidades de la población y del territorio a través de la educación, el reclutamierlto de cuadros, la incorporación de avances tecnológicos propios o importados y la atención a aspectos de infraestructura. El Estado tiene como misión central el bienestar de los gobernados.

Si revisamos rápidamente la evolución del de Estado, veremos que tiene tres etapas: l) la centralización del poder, 2) la transformación de la legitimidad en legalidad, a fin de proteger los derechos de los individuos y establecer mecanismos de garantía para esos derechos, con lo cual se favoreció el desarrollo de las sociedades-en esta etapa el Estado liberal condujo a la sociedad hacia la acumulación de riqueza, a través de la propiedad privada-, y 3) el establecimiento de nuevos propósitos del Estado en beneficio de la colectividad-que rebasa la protección de los derechos del individuo en favor del bienestar social-y de un nuevo concepto de legitimidad que remplaza a la legalidad como objetivo central.

La primera etapa modificó las estructuras medievales: el poder policéntrico se transformó en un monopolio territorial, se concentró el poder en una persona o una estructura y se abandonó el esquema de predominio de las fuerzas señoriales. Paralelamente, comenzó a desarrollarse una política que administrara e impartiera justicia por igual a todo el pueblo, ya que el había organizado a la sociedad en estratos, a través de sistemas homogéneos de justicia y arbitrio de los problemas entre individuos.

Al referirse a esta época, Alvin Toffler observa que las economías agrícolas de lo que él denomina la primera ola se basaban en la posesión de la tierra, razón por la cual las guerras eran casi siempre por la conquista de territorios y la política era un instrumento de protección de la propiedad.

Durante esta fase el gobierno se apartó del ámbito religioso en aras de una conducción civil. La nueva estructura buscaba la mundanidad, la f¦nalidad y la racionalidad. La mundanidad se refería a la secularización de los conceptos, a los beneficios o castigos en este mundo, no en el otro. La finalidad eran los objetivos planteados por el Estado para llegar a un fin. Y, por último, en todas las decisiones de gobierno debía privar el uso de la razón. Los objetivos de esta nueva estructura la separaban definitivamente de los gobiernos feudales, en los que interactuaban simultáneamente lo religioso y lo político. Se estableció entonces una estructura formal del conglomerado social que consideraba a la razón como primordial para conseguir paulatinamente la integración social.

Los filósofos del momento, Bodin y Hobbes después fundamentaron las bases mundanas de un poder unitario, centralizado, totalitario y absoluto. El Estado era, ante todo, un proyecto racional de la humanidad. Las teorías políticas que empezaron a emerger versaron sobre el contrato social y el cambio a un Estado de naturaleza civil. Poco a poco fue adquiriéndose la conciencia de unidad e identidad que hicieron posible concebir a la Nación.

Estas ideas coincidían con la revolución industrial que estaba transformando a la sociedad. Frente a una nueva realidad económica, el Estado debía readecuarse y requilibrarse.

El paso de la antigua sociedad de capas a una sociedad civil define la segunda etapa del Estado. Los privilegios de nacimiento, todavía herencia feudal, fueron combatidos de manera evidente durante la revolución francesa. La Asamblea Nacional nació de la ruptura generada durante el régimen monárquico entre los tres estados: la iglesia, la aristocracia y el pueblo, que en ocasiones especiales se reunían en los Estados Generales. Durante el periodo de crisis prerrevolucionario, cuando el rey convocó a los Estados Generales, la aristocracia y el clero establecieron una alianza y marginaron a los representantes populares, quienes se reunieron y asumieron posiciones propias. Con la revolución, la iglesia y la aristocracia desaparecieron como Estados y el tercer Estado se convirtió en Asamblea Nacional, a la que se sumaron algunos clérigos y nobles. Era pues indispensable transformar la sociedad de estratos en una organización de vida asociada, que reflejara el nuevo pensamiento del mundo civilizado. Se depositó entonces la soberanía nacional en la Asamblea que, al incurrir en excesos de poder, le confirió al Estado el carácter de opresor del individuo en un régimen de terror.

Aparece entonces la democracia representativa como instrumento ideal y el Estado se sujeta a la soberanía popular. El caso de Robespierre obligó a imponer límites al poder del Estado.

Trasladar la actividad individual hacia un aparato institucional es el fundamento del Estado de derecho liberal. Por esa razón cobró gran énfasis la creación de leyes y la representación de los sectores sociales en la integración de los cuerpos que producen estas leyes. Se produjo el tránsito de la legitimidad a la legalidad-el de lo que Weber llamaría liderazgos carismáticos y sus sistemas de gobierno- y su remplazo por formas institucionales, profesionalizadas y naturalmente burocratizadas. Así surgieron estructuras de protección. Como el parlamento inglés, que surgió en la Edad Media, pero fue transformado con la revolución de Cromwell hasta convertirse en depositario de la soberanía, al extremo de ordenar la ejecución del antiguo soberano, el rey.

El nuevo Estado era respetuoso de los derechos naturales del individuo y de su protección personal contra el poder monopolizado. Al abrigo de estos derechos surgió una ideología de la libertad y leyes que protegieron expresamente al individuo y sus pertenencias. Se creó , entonces , el Estado liberal, cuyo modelo, con las consecuentes deformaciones, consintió la acumulación de la riqueza y el deterioro de las relaciones sociales.

No era el conjunto ni el liderazgo: se trataba por primera vez de la presencia del hombre mismo y de su libertad como factor esencial de la sociedad. El liberalismo nace como un mecanismo de protección contra el Estado o contra la iglesia, como reacción ante el terror de que el gobierno, con el poder de la monarquía y de la iglesia, pudiera oprimir al individuo.

Los filósotos liberates se caracterizaron por definir los limites necesarios, más allá de los cuales el Estado no podría actuar. John Stuart Mill afirmaba que el Estado nunca se justifica al restringir la acción de un individuo. Todavía filósofos liberates modernos, como Anton Hayek, sostienen que el Estado es una organización creativa con limitaciones.

En su tercera etapa, el Estado tiene como objetivo la protección ya no del individuo sino de la colectividad, siempre en aras del bienestar social. Llevar el modelo liberal hasta sus últimas consecuencias generó injusticias que reclamaban un cambio de objetivos para ofrecer al hombre una vida digna y acarreó problemas inherentes al modelo, como fue la gran depresión de 1929.

Al referirse a este paso, Schiera considera que se trata de una etapa de función directa del Estado y sus aparatos en la gestión del orden social, al tiempo que se cuestiona su intervención en el orden económico. El bienestar vuelve a ser el centro de la gestión del poder y la meta es la integración social, lo que hace menos absoluto al Estado y se establece una alta jerarquía-de acuerdo con el análisis de Mary Douglas-al obtener la lealtad de los gobernados.

En esta tercera fase, el Estado se aboca a la creación de una sociedad con objetivos colectivos y trata de asimilar dentro de la nueva estructura los avances producidos en sus diferentes etapas de evolución.

Ante circunstancias concretas el Estado no puede ser manejado como concepto abstracto, requiere una definición que responda a las realidades que se viven. Una de las más aceptadas afirma que el Estado se manifiesta en la sociedad con una función estrictamente operativa, en las áreas politicas de regulación, distribución o redistribución.

Diversas corrientes del pensamiento político coinciden en que la sociedad y el Estado se han entrelazado a tal grado que es dificil distingui el proceso de uno y de otro, lo que ha empujado a los teóricos a buscar nuevas interrelaciones para tratar de definir su naturaleza. Un ejemplo claro es la tesis que Jürgen Habermas sustenta en Problemas de legitimación del capitalismo tardío, donde afirma que dicha convergencia ha hecho a la sociedad como el Estado y al Estado como la sociedad.

Cuando Habermas describe el funcionamiento y las propiedades universales de los sistemas sociales, distingue dos mecanismos claramente definidos: la producción y la socialización. El primero implica la apropiación de la naturaleza exterior al individuo-la transformación de los recursos naturales y sociales-y el segundo, la apropiación de la naturaleza interior-proceso por el cual el comportamiento del individuo, a través de los mecanismos sociales, se adapta al comportamiento del conjunto. Cuando un sistema aumenta su capacidad de autogobierno-es decir, su autonomía-, aumenta también su control sobre la naturaleza exterior y la integración interior. Ello hace que el Estado y la sociedad sean poco diferenciables, lo que ya se apuntaba en la definición tradicional: el Estado estáformado porgobierno y gobernados.

El Estado es una concepción social cambiante, que depende más de la sociedad que de un Estado establecido. Desde la perspectiva de Robert Hanneman y J. Rogers Hollingsworth, la pretensión tradicional de los juristas de elaborar una teoría general del Estado, resulta insostenible sociológica y filosóficamente, porque son las contingencias creadas por los desarrollos sociales las que van condicionando las características del Estado.

Así lo hemos visto en las diferentes etapas de la evolución política del Estado mexicano. En el siglo pasado, durante la lucha entre federalistas y centralistas, liberales y conservadores. En este siglo, durante la lucha entre revolucionarios y conservadores porfiristas. En ambos casos, la culminación de esos procesos fue la promulgación de una constitución. En épocas más recientes, el tránsito del estatismo a una economía de mercado debió reglamentarse a través de numerosas reformas constitucionales.

Para estudiar y comprender mejor esta concepción del Estado debemos dejar los términos puramente jurídicos e incursionar en la teoría política o teoría social. Podríamos recorrer la historia y los autores para analizar distintos enfoques. Pero, a fin de simplificar, sólo consideraremos tres paradigmas: el pluralista-funcionalista, el marxista y el paradigma del retorno al Estado.

El paradigma plural-funcionalista conjuga el pluralismo, la democracia y una nueva actitud hacia el mundo, con el concepto de sociología funcionalista. Las sociedades tienden, por naturaleza, a encontrar estadías de equilibrio que determinan los periodos considerados normales; éstos se interrumpen cuando la sociedad se siente insatisfecha y aparecen opiniones diversas que originan el pluralismo y distintas formas de pensamiento al interior de las organizaciones políticas; frente a estas manifestaciones plurales, el Estado tiene eventualmente que cambiar y requilibrarse.

Las teorías que estudian este fenómeno pueden dividirse en dos grupos. El primero coloca al Estado como eje de la acción y le concede una perspectiva liberal pluralista, donde los intereses por separado constituyen un sistema holístico funcional y corresponde al Estado la combinación de ambos para dar lugar a las acciones reales. El segundo grupo es el de los marxistas y neo-marxistas-Skocpol, Zeitlin, Habermas, Badie, Birnbaum y Offe-que, a través de su compleja visión, pretenden alejarse de las teorías reduccionistas de un Estado modelo y proponen otra teoría en la que fundamentan sus conceptos sociales.

Ambas corrientes ven en el Estado un instrumento de la clase capitalista para dominar el orden social, ejecutar funciones distributivas que frenen los excesos del individuo, regular conflictos y mantener así la reproducción de la sociedad.

Por su parte, Habermas, considera que la crisis del 29 puso de manifiesto la capacidad de aprendizaje del capitalismo. Por lo mismo, la tesis de Marx de que la agudización de las contradicciones ocasionaría la destrucción de este sistema, carecía de validez: el Estado capitalista había evolucionado. Habermas señala que el Estado está compuesto por tres subsistemas: el político-administrativo, el económico y el social. El primero, apoyado en el segundo, actúa para evitar los peligros del capitalismo clásico y de trasladar los recursos derivados de la apro piación fiscal al sistema social, del cual obtiene la lealtad de la masa. La regulación del subsistema económico la efectúa por la vía de la legislación. De esta manera el Estado inicia su evolución hacia el concepto de Estado de bienestar.

Habermas le concede al Estado un papel relevante en la concertación entre grupos antagónicos. Tal es su función principal: mitigar los efectos del sistema capitalista, auxiliado por instrumentos como los recursos administrativos y las medidas gubernamentales, y apoyado en su fuerza real: la lealtad de la masa. De esta manera, los problemas de legitimación en la sociedad capitalista nacen como resultado del conflicto fundamental entre las responsabilidades de bienestar social y las condiciones funcionales de la economía capitalista. Si el Estado no consigue evitar las disfuncionalidades, dentro de límites aceptables para la ciudadanía, pierde legitimidad, problema que se agudiza con el malestar que causa la inequitativa distribución del ingreso, por los salarios y utilidades. Desde esta perspectiva, la idea central del marxismo clásico, la lucha de clases, pasa a un segundo nivel.

La nueva visión del Estado-que algunos teóricos denominan neoestatismo-busca una explicación sociológica a los fenómenos políticos, pretende reconceptualizar al Estado procurando reflejar fielmente lo que el hombre contemporáneo vive social y políticamente. De ahí han surgido posiciones teóricas de gran valía, como la de J. P. Nettl, quien ha tenido gran influencia en medios académicos.

Este autor sostiene que el Estado tiene cuatro características: 1) lo integra la colectividad, suma de un grupo de funciones y estructuras que incluye burocracias, parlamentos y partidos políticos; 2) es una unidad de relaciones internacionales, definida por la manera de relacionarnos con otras naciones independientes; 3) es autónomo, en tanto sus acciones no son permanentemente revisadas por la sociedad, y 4) es un fenómeno sociocultural. Esta conceptualización muy descriptiva muestra por qué las definiciones jurídicas se quedan cortas al referirse al Estado de nuestros tiempos.

Por su parte, Anthony Giddens define las estructuras como reglas, recursos y conjuntos dependientes de los sistemas sociales con una existencia virtual dentro del tiempo y el espacio y una dualidad que le permite ser, a un tiempo, media de prácticas sociales y resultado de ellas. La identificación de los principios estructurales y su punto de coincidencia con los sistemas intersociales, representa el nivel más comprensivo del análisis institucional.

Podríamos usar como definición de trabajo que el Estado es un fenómeno sociocultural que aglutina las instituciones y estructuras de la esfera pública para ejercer el poder, garantizar la seguridad, establecer relaciones con otros países; entre un proceso electoral y otro, vive etapas de autonomía en las que establece políticas económicas y sociales tendientes al bienestar colectivo. En contraparte, la esfera privada de la sociedad, la parte gobernada, periódicamente legitima o deslegitima a la esfera pública a través de la institución del voto. Así se establece un equilibrio de interacción entre las esferas públicas y privadas.

Esta def¦nición estaría enmarcada en los conceptos de modernidad o, como lo llamaría Alvin Toffler, en la "tercera ola".

Que el Estado se considere ahora un sector independiente de la misma sociedad, nos permite entender la función del poder legislativo en nuestros tiempos. Bajo el concepto de representatividad, los diputados y senadores se incorporan al cuerpo gobernante, con lo cual su acción deja de estar sujeta a la opinión o voluntad de los electores, para ajustarse a las necesidades del ejecutivo.

El análisis del funcionamiento del Estado debe partir del ejercicio de sus funciones normativas, distributivas y redistributivas, no únicamente como actividad legislativa sino como parte de un complejo sistema de presiones sociales, interpretaciones políticas y acciones propiciadas por los grupos organizados. No se trata solamente de las acciones de los partidos sino también de fuerzas políticas no articuladas en partidos, de fuerzas económicas y de expectativas de la sociedad en general.

Las disfuncionalidades del Estado suceden cuando los poderes no están diferenciados y separados, cuando el poder se concentra en una persona o un grupo, y la sociedad se desequilibra porque no está realmente representada en la concepción de Estado. Esto se puede ver claramente cuando uno de los poderes se supedita a otro, como es en nuestro caso la sujeción del poder legislativo al ejecutivo.

La autonomía del Estado respecto de la sociedad es evidente, a pesar de que su actuación también responde a presiones e influencias de distintos orígenes. Su estructuración es muy clara, como se observa cn el proceso electoral, cuando las fuerzas sociales actúan abiertamente sólo durante un corto periodo, después del cual el Estado se restructura y adquiere vida propia. El Estado no puede estar divorciado de la sociedad, aunque tampoco formar una entidad con ella. La historia ha demostrado que el Estado actúa en forma independiente y asume funciones no consensadas, aunque después adopte nuevamente las actitudes que los diversos grupos sociales demandan para evitar que, en los siguientes comicios, el electorado elimine al grupo que lo estructura por ser indiferente a sus demandas.

Existen tres niveles de autonomía del Estado en la creación de políticas. El nivel más bajo se registra cuando el Estado y la sociedad tienen preferencias sin divergencias: el Estado actúa bajo sus propias preferencias, pero sin oposición de la sociedad, lo que permite la aceptación de las políticas implantadas, por ejemplo en educación, salud y seguridad social. Un segundo nivel se verifica cuando las preferencias de la sociedad son muy diferentes de las estatales, pero los conductores persuaden a la sociedad para que adopten sus preferencias; esto es fácilmente observable en los debates sobre las misceláneas fiscales en la cámara de diputados, que requieren de la negociación entre los grupos y el congreso hasta conseguir el consenso. El nivel más alto se da cuando las preferencias del Estado y la sociedad son divergentes y el primero, aun sin consenso, establece una política corisiderando que los beneficios que se produzcan diluirán la oposición de la sociedad; fue el caso de los proyectos hidroeléctricos que, a pesar de dañar los intereses de algunos ciudadanos, benefician a la sociedad en general.

Una nueva fase del Estado

¿Qué es realmente el Estado y a qué intereses responde? ¿Se trata de una institución que equilibra e integra distintos intereses en una totalidad funcional o es un cuerpo de represión? ¿Es posible definirlo? ¿Tiene sentido tratar de identificar al Estado?

El Estado no es una estructura homogénea, sus concepciones pueden variar de manera sustancial al aplicar ideas e inclusive ideologías diferentes. Por ejemplo, hay quienes opinan que la acción del Estado no debe perturbar ni a la sociedad ni a las acciones individuales esto es, que el Es tado responda exclusivamente a las demandas de la sociedad y de los grupos de presión. En contraposición se encuentran aquellos que consideran que el Estado debe ser muy poderoso, poseer sus propias industrias monopólicas para regular la economía y es tablecer estándares salariales, condiciones de trabajo y precios de los artículos de consumo.

Ambas posiciones, políticamente opuestas, están apoyadas en ideologías definidas: la posición conservadora sugiere un Estado débil, que responda directamente a las demandas sociales y evite conflictos entre el aparato del Estado y la sociedad; la posición radical sostiene que el Estado, a través de los medios de producción, debe imponer una forma de vida y una conducción más rígida, para mantener el sistema.

Bajo esta óptica, podríamos ensayar una tipología con diversas variantes del Estado. Hablaríamos de un Estado débil con un pueblo débil, como es el caso de naciones con escaso desarrollo económico y político y con una tradición patriarcal de autoritarismo, donde no existe la posibilidad de que la voluntad popular se exprese. En posición opuesta encontraríamos la concepción de pueblos fuertes con gobiernos fuertes, como sucede en las democracias escandinavas, Gran Bretaña o Francia. La idea de un Estado fuerte y un pueblo débil respondería al modelo de las autocracias y de los exfintos gobiernos socialistas, pero también al de nuestro México. Y un Estado débil con un pueblo fuerte correspondería a la singular relación que se da en los países políticamente muy desarrollados, como ltalia, donde la inestabilidad de sus gobiernos, la fuerte presencia de la opinión pública y su influencia no le han impedido un crecimiento económico y social sólido.

El Estado modernno es necesariamente democrático. La generalización del concepto de democracia requiere un enfoque tridimensional: globalmente agrupado, con sentido conceptual para los actores en el mundo; históricamente orientado, hacia los procesos concretos y a las más amplias interpretaciones de la realidad del momento, y con una clara tendencia hacia el análisis de las instituciones políticas.

Por otra parte, la caída del bloque oriental y el fin de la guerra fría fueron el motivo de las reflexiones que Francis Fukuyama plantea en su obra, donde afirma que asistimos no al fin de las ideologías sino a la victoria del liberalismo económico político: "el fin de la historia en tanto tal; el punto final de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal occidental como forma final de gobierno humano. Esto no quiere decir que no se producirán más acontecimientos dignos de llenar las páginas de las revistas consagradas a las relaciones internacionales, pues la victoria del liberalismo se produce, en primer lugar, en el campo de las ideas y de las conciencias y está aún incompleta en el mundo real. Pero existen poderosas rezones que hacen pensar que es este ideal el que gobernará el mundo real a largo plazo".

Este tipo de pensamiento influyó en lo que podría denominarse el eje Salinas-De la Madrid, que contrapuso el neoliberalismo con las ideas políticas tradicionales de nuestro país, resquebrajando dos de los pilares del sistema político nacional: el nacionalismo y el estatismo, y privó al PRI y al mismo gobierno de un discurso consistente.

Desde otro punto de vista, la modernidad significa un nuevo individuo identificado con su colectividad, pero siempre en la dirección del individualismo. Una importante expresión de este individualismo es la demanda de la ciudadanía por sus derechos políticos.

Es una realidad fehaciente que el poder y la capacidad del Estado moderno dependen en forma decisiva y positiva del apoyo popular, y que en la democracia el sufragio es la mejor manera de intervenir en política. Las presiones y el efecto de demostración de los avances democráticos,junto con la revolución de las comunicaciones, han colaborado para imprimir al concepto de democracia el corolario de ser la realización del Estado social.

La dicotomía Estado-sociedad orienta la atención hacia las fuentes del poder y resta importancia al análisis de la utilización de ese poder en la realidad. Aun cuando la fusión del Estado y la sociedad puede reflejarse en políticas públicas o proyectos hegemónicos-de acuerdo con la terminología de Gramsci-, que señalan la tendencia de la política y del comportamiento de las naciones-Estado. Los componentes específicos del Estado y del poder social se refuerzan mutuamente, aunque no sin conflicto. Esto se trasluce en la acción pública, que no puede ser permanente, porque al cambiar las circunstancias los procesos se hacen lentos por aspectos no previstos y las políticas empiezan a obtener resultados cada vez más disminuidos, que obligan a cambios y adecuaciones. En el transcurso de los últimos veinticinco años hemos visto diversos proyectos hegemónicos: el desarrollo estabilizador, el populismo, el económico y el social.

De es ta manera , el carácter del régimen es de terminado por la coalicion social en que se apoya el Estado, por sus poderes formales y por la institucionalización e influencia de las políticas públicas resultantes.

Cuando los regímenes nacen o mueren, cambia la orientación fundamental de las políticas nacionales. los análisis sobre la formación, transformación o descomposición de un régimen nos permiten conocer los problemas de interacción entre Estado y sociedad, a través de los procesos electorates y los partidos políticos, la influencia adquirida por las democracias industrializadas contemporáneas, indispensables para el mantenimiento del sistema capitalista, y por el peso de la economía internacional en esta interacción.

Pero esta simbiosis Estado-sociedad también puede analizarse desde otra perspectiva, la de la esfera privada y la esfera pública.

Jurgen Habermas considera a la esfera pública conformada por dos jurisdicciones que contrastan y se complementan, desde sus orígenes en la Edad Media: el dominio privado, dominium, y la autonomía pública, imperium. Es el momento en que gobierno y gobernados asumen las funciones específicas que los diferencian, cuando se erige un sistema de gobierno que establece reglas de convivencia entre dominium e imperium. La idea original del gobierno era mantener el orden e impartir justicia su, misión era resolver problemas entre particulares y vigilar la tradición y las normas; sólo gozando de la autonomía pública, el gobernante podía aplicar sus ideas y su propio concepto de justicia en la solución de problemas y en la conservación del orden.

En una concepción más moderna, la esfera pública se concibe de manera diferente: no pretende mantener lo establecido sino conducir a la sociedad a través de un mundo cambiante, pletórico de retos y nuevas necesidades. La autonomía de la esfera pública permite al gobierno crear reglas, propiciar las condiciones para una armónica convivencia y para la evolución del sistema y de la sociedad; gracias a la autonomía es posible la conducción social y la consecuente creación e implantación de planes de acción políticos, económicos y sociales.

Pero la autonomía de lo público no es estática en los sistemas democráticos. Periódicamente se pone en juego durante el proceso electoral, a través del cual el imperium debe redefinirse y el dominium decide en las urnas su ratificación o descalificación; esto quiere decir que, sólo aquellos ungidos con el voto popular adquieren autonomía y con ello legitimidad. Es la relación entre las esferas pública y privada la que establece la forma de vida, la evolución y, al mismo tiempo, el desarrollo de las instituciones.

Ambas esferas-la pública y la privada-han evolucionado. El imperium se consolidó mediante tres acontecimientos ocurridos en la Gran Bretaña, entre 1694 y 1695, que dieron paso a la esfera pública moderna: el establecimiento del Banco de Inglaterra, la eliminación de la institución de la censura y el primer gabinete de gobierno, preámbulo del gobierno parlamentario. Por su parte, la esfera privada incursionó en la modernidad con la institucionalización de la ley, a través del Estado de derecho, y con la idea liberal del mercado, el libre cambio.

Actualmente, la esfera pública tiende a reducirse, mientras que la privada se extiende como producto del triunfo del individualismo y de la necesidad social de mayor participación en las decisiones antes restringidas a la esfera pública.

La época que vivimos todavía es de redefinición del Estado. Los cambios de la vida política internacional, las actividades económicas más complejas, que ya no se contienen ante las barreras nacionales convencionales, requieren conceptos políticos acordes con la nueva realidad. En este sentido, la presión proviene de la creciente interdependencia entre las naciones y el mercado intemacional cada vez más competitivo y ávido de cambios rápidos. En otros países, la competencia internacional se ha convertido en fundamento de la planeación y motor de los ajustes políticos indispensables para competir con ventaja en esos mercados.

¿Puede la interdependencia impulsar una nueva forma de Estado? ¿Cuáles son los valores que han cambiado? ¿En qué dirección avanza el Estado?

La autarquía tiene un costo social muy alto y mantenerse al margen de los mercados internacionales puede abrir, aún más, la brecha entre países desarrollados y no desarrollados. No participar en este evolutivo podría significar, a futuro, la disminución severa del nivel de vida de la población.

El Estado debe conceptualizarse, desde el punto de vista de la filosofía política, como un complejo de variables y no como una constante. En los últimos años, todos los análisis sobre el Estado se centran en el contexto interno, sin involucrar las condiciones sociales y económicas externas. Para hacer operative el concepto debemos considerarlo un compuesto de normas, hábitos y prácticas y no atenernos solamente a la idea estática de la definición de Montevideo.

Si aceptamos que los componentes del Estado adquieren un tono crítico que acentúa o elimina ciertas características de la definición tradicional, y si concebimos el estatismo como sistema estatal de regulación central de la sociedad y su economía, por oposición tendríamos que el antiestatismo sería el sistema bajo el cual la economía y la sociedad se conducirían de acuerdo con los intereses de la sociedad civil, denominada también por algunos teóricos como ciudadanía gobernada. El nuevo Estado tendría que responder a la pretensión de la masa gobernada de participar en el gobierno, lo cual está provocando cambios muy radicales.

En Los últimos años hemos sido testigos de una transformación conceptual basada, aparentemente, en el comportamiento de las naciones, lo que nos permite observer al Estado como una estructura bipolar que determine los grandes cambios de la sociedad: un polo es el doméstico, el otro corresponde al escenario externo.

El Estado en su versión estatista concentró su esfuerzo en la búsqueda de mayores áreas de competencia, para lo cual le restó a la sociedad civil funciones que van desde la cultura hasta la economía. Ahora que se enfatizan las condicionantes planteadas por la creciente interdependencia del mundo, el Estado así concebido empieza a perder fuerza y se adentra en un proceso de adaptación para establecer un equilibrio claro entre lo externo y lo interno.

Es evidente la presencia de una crisis creciente de autoridad dentro de las naciones y de un número de tendencias globales que parecen acelerarla, transformando conceptos como autosuficiencia, nacionalismo y soberanía. Al redefinirse la vida política se impone una nueva especificación de normas, hábitos y prácticas, diferentes de las ideas originales de donde evolucionaron.

Tremendas son las consecuencias de esta dinámica global, pero tres de ellas son las más importantes:

Primero. La legitimidad de la autoridad del sistema total ha disminuido, lo que ha propiciado gobiernos menos efectivos y una tendencia hacia el subgrupismo, como son los organismos de la ONU, OEA, OAT, GATT o de los bloques económicos. En tales circunstancias, el gobierno nacional se ha plegado a los organismos multinacionales para obtener mayores beneficios, en tanto que tiene una capacidad de acción más reducida que la de éstos, sin considerar el costo que representa: la pérdida de legitimidad. Es el caso de nuestro ingreso al GATT. Al aceptar el libre comercio, crecieron de inmediato nuestras expectativas de exportación, pero al mismo tiempo se condenó a las pequeñas y medianas industrias no competitivas-generadoras de un alto porcentaje de empleo-a desaparecer.

Segundo. La distinción entre lo doméstico y lo externo puede, en ocasiones, oscurecerse y nublar el principio de uno y el fin del otro, como los partidos comunistas tradicionales en los países occidentales o los partidos de derecha en las democracias cristianas. En ambos casos hay un conflicto entre los movimientos nacionales y el internacional. El conflicto más claro fue el del eurocomunismo, cuando sus dirigentes y militantes prefirieron la vía parlamentaria a la vía revolucionaria y se desligaron de los partidos comunistas del este europeo.

Tercero. Las tensiones dentro del subsistema pueden complicarse de diversas formas con una crisis mundial de autoridad, marcada por el surgimiento de estructuras como el FMI, la CEE O el TLC, que determinan cada vez más el mercado internacional, a su vez factor central en las decisiones internas de los Estados. A este fenómeno se le denomina interdependencia en cascada-reacción en cadena que pueden desatar ciertas decisiones políticas o económicas debido a la interrelación provocada por la globalización.

Como quiera que se conceptualice al Estado, la interdependencia parece limitar su amplitud, disminuir su autonomía y constreñir su capacidad de adaptación, elementos entre los que fluctúa su habilidad para manejar la economía nacional en las formas tradicionales. Normas, hábitos y prácticas como las costumbres fiscales y el control del presupuesto de los gobiernos, ahora resultan insufitientes para afrontar los nuevos problemas de las naciones, porque la efectividad de los Estados depende cada día más de las circanstancias extraterritoriales, así como de los sistemas de cooperación y competencia con otras naciones.

Cada nueva evidencia de autonomía limitada, de legitimidad reducida y de efectividad disminuida en la capacidad subnacional o supranacional de cualquiera de sus actores o instituciones, debe ser considerada si se desean preserver las líneas de autoridad que nacen de los propios códigos de conducta.

El nuevo Estado necesita definir políticas efectivas y adaptarse creativamente al cambio. La tranquilidad interna o la obediencia pueden ser forzadas, pero la solución de los problemas ya no surge solamente de la voluntad interna de la nación; la interdependencia nos obliga a adaptaciones que disminuyen la autonomía del Estado contemporáneo, o mejor aún, nos exige readecuar conceptos y grandes valores políticos como el de soberanía nacional. La reciente crisis económica, iniciada en diciembre de 1994, nos lo ha demostrado: las decisiones adoptadas por el gobierno para resolver el problema económico fueron producto de los compromisos internacionales contraídos en el proceso de firma del TLC y de otros más, a cambio de nuevas líneas de crédito de otros países y organismos internacionales.

Analistas y pensadores del mundo deben expresar la urgencia por redefinir los grandes valores políticos, no como una necesidad de teorizar y bordar en el vacío, sino como una abstracción indispensable y útil de la realidad misma, de la tendencia universal a la globalización.

El Estado mexicano

Debemos ahora observar al Estado mexicano a la luz de Las consideraciones anteriores. Para comenzar es necesario clasificar su desarrollo en cuatro fases: la primera-no refiere propiamente a México como nación-nos remite a la conformación del estado colonial de la Nueva España; la segunda corresponde al estado liberal del siglo XIX; la tercera nos conduce al México posrevolucionario, que enarbola aún la protección al individuo, pero con un nuevo discurso que incorpora los derechos sociales; la cuarta, iniciada hace aproximadamente veinticinco años, ubica al país en una nueva estadía de globalización, para la cual se ha instrumentado, sin buenos resultados, el neoliberalismo.

Primera fase

La conquista de México sucedió cuando en el mundo occidental se consolidaban los poderes para formar naciones. España acababa de unificarse, los cuatro reinos que integraban la nación española contemplaban formas diferentes de gobierno. Uno de ellos, Castilla, poseía una noción más imperial: los reinos debían ser gobernados directamente por un poder central. En cambio, en Aragón la unión se realizó como yuxtaposición de reinos y territorios, porque existía una mayor autonomía en las distintas regiones. La fusión de Castilla, León, Aragón y Navarra, gracias al matrimonio de Isabel y Fernando, dio lugar a la unidad de España, condición indispensable en esos momentos para la recuperación del territorio en la guerra contra los moros. Y el gobierno de la nueva nación se apegó a la idea aragonesa de yuxtaposición de reinos.

El modelo era adecuado para España, pero resultaba inaceptable para América porque no garantizaba los intereses de la corona. Los nuevos territorios demandaban un gobierno diferente que los administrara como parte integral de la nación española. Fue entonces cuando se aplicó en el imperio colonial la concepción del gobierno castellano-el cual dividía sus territorios en merindades, cuyos titulares o merinos no poseían facultades soberanas, sino restringidas a los asuntos económicos y judiciales-: los nuevos territorios serían administrados por representantes de la corona, por virreyes que no ejercían soberanía alguna y sólo controlaban los asuntos de hacienda y justicia; los asuntos políticos, así como los nombramientos de la nueva estructura burocrática, quedarían a cargo de la Audiencia, que se sujetaba enteramente a los mandatos de los reyes españoles.

En este antecedente histórico podríamos establecer el origen de la relación gobierno federal-gobiernos estatales. La docilidad y la aceptación de las decisiones centrales que hasta hace poco mostraban todos los gobernadores, son ejemplo de verdaderas merindades del poder presidencial. Y si continuáramos con la idea, podríamos afirmar que la misma relación se da entre gobernadores y municipios, los cuales se constituyen en merindades de merindades.

Segunda fase

Ya en la fase independiente, el Estado mexicano se alimentó de las concepciones liberales desarrolladas en Europa. Proteger al individuo frente al Estado era la idea predominante en el pensamiento político de la época y todo el esfuerzo se concentraba en establecer un Estado de derecho. La creación de los institutos científicos y literarios y de los colegios de los estados sucedió naturalmente, justo cuando era necesario formar juristas que establecieran nuevas modalidades de gobierno, acordes con las circanstancias. El pensamiento de los dirigentes sociales y políticos del país concedió a la ciencia jurídica un papel integrador; la joven nación entró en una etapa inédita, orientada a la protección de los derechos individuales, para que fuera el individuo como base de la organización y del avance económico, el impulsor del progreso nacional. Fue hasta este periodo cuando se hizo efectiva la separación Estado-iglesia, que en Europa se observó en la primera fase del Estado-esta tardanza se explica por la fuerte alianza de la iglesia con la corona española que heredaron los gobiernos independientes.

Pero, como la historia ha comprobado, la protección al individuo distorsionó el concepto de actividad económica. Pronto surgieron nuevos problemas sociales por la desmedida acumulación de la riqueza y la gran desproporción de los beneficios sociales entre quienes controlaban la economía y el resto de la población.

Tercera fase

Fueron las ideas sociales de justicia e igualdad las que prevalecieron en el constituyente de 1917, que representa otra etapa evolutiva del Estado mexicano.

La constitución se convirtió en el proyecto de nación que preservaría las ideas generales del movimiento armado, cuyos objetivos fundamentales fueron: 1) Establecer el bienestar como factor fundamental; la colectividad se convirtió en el centro del pensamiento político; todo aquello que beneficiara a las mayorías y mejorara el nivel de vida de los mexicanos fue enaltecido como valor político. 2) Promover el desarrollo económico, con la intención de convertir a México en una nación moderna, participante de los beneficios de una nueva era. Así se adecuó al país.

A lo largo del proceso histórico ha sido posible comprobar que si bien los movimientos sociales encuentran solución, otros problemas y conflictos se generan, paradójicamente, de las mismas soluciones. Ninguna solución social es definitiva. Aun aquellas que lo parecen, requieren adaptarse a las situaciones del momento. En México, tanto por razones de desarrollo económico como por el bienestar del país, las políticas debieron ajustarse gradualmer¦te a las nuevas demandas y características sociales del país. Así, se def¦nió el perfil político que nuestro país mantuvo durante varias décadas: se impulsó una política económica de sustitución de importaciones y de protección a la producción nacional, sobre la idea de acelerar el desarrollo con la participación del Estado como propietario de bienes de producción, y para que la sociedad pudiera modernizarse y participar en la modernización de la economía, se amplió la cobertura de la política social.

La idea de los gobiernos emanados de la revolución era fomentar la transformación del mexicano, para que fuera consciente de los retos del momento y estuviera dispuesto a responder a ellos con un sentido de identidad nacional. Desde el siglo XIX la educación fue considerada como parte medular de la política social, resultado de la gran influencia de la Ilustración. Los bajos niveles educativos y la idea de que la ignorancia era un obstáculo para el progreso hicieron que la escuela se convirtiera en una demanda nacional.

La política social de estos gobiernos se centró en un sistema educativo que enfatizaba el nacionalismo. Hubo un gran celo para preservar los valores que mantuvieran la identidad nacional, se intentó dar homogeneidad a la concepción de mexicanidad y se trató de borrar los aspectos locales de la cultura-que no se consiguió porque, junto al fuerte nacionalismo, se mantuvieron los regionalismos.

Dentro del marco político iniciado a fines de los cuarenta, se creó una serie de instituciones dirigidas a construir un Estado de bienestar. Los sistemas de seguridad social y de salud aumentaron y abarcaron todo el país, pero las crisis económicas y las devaluaciones pulverizaron los fondos de estas instituciones. No obstante, el Estado conservó su papal rector de la economía para establecer la hegemonía del sector público, aunque el crecimiento del sector paraestatal rebasara todas las expectativas.

En los regímenes de los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo la intervención del Estado en la economía era casi un mandato para suplir a una iniciativa privada sin empuje. En el periodo del presidente Miguel de la Madrid tal concepción empezó a abandoarse, por las consecuencias de un Estado obeso.

Cuarta fase

I,a integración de México a las nuevas corrientes de comercio mundial y a la globalización del mundo, ha sido uno de los factores decisivos-junto con las transformaciones sociales internas y el cambio de actitud del mexicano-en la configuración de la cuarta fase del Estado mexicano.

La interdependecia en cascada pretendía expresar un desarrollo económico más equilibrado que involucrara eficiencia de los sistemas de producción y una revolución científica y tecnológica, con las demandas de la sociedad civil por una mayor intervención en los asuntos colectivos, en los problemas del medio ambiente y en todo lo que entraña el concepto de vida moderna, sin descuidar la participación real del país en los mercados internacionales. Todo esto obligó a la creación de diversas políticas gubernamentales.

A su llegada al poder, Carlos Salinas de Gortari llevó adelante estas ideas con un programa económico dirigido a la privatización de los medios de producción en manos del Estado, la firma del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá y la exploración de otros mercados y bloques económicos. Esto significó un claro viraje a la derecha y dejó sin sus argumentos políticos al PRI y a los políticos nacionalistas. La recuperación de la economía y el apoyo de la iniciativa privada le dio un fuerte impulso legitimante, que terminaría unos meses después de dejar el poder.

Políticamente, la antinomia justicia social-soberanía nacional -ambos, valores políticos de la revolución mexicana-entraña todavía un dilema: qué debe permanecer inamovible, como dogma permanente, y qué debe ser transformado en aras de adecuar el Estado a los continuos cambios de las sociedades y de la geopolítica.

Una nueva terminología habla de transición, de una sociedad demandante y actuante, de reformas al Estado, de cambios radicales tanto en política interna como en política exterior. Internamente se han abandonado posiciones que eran baluarte y tradición del país, como el ejido y la separación Estado-iglesias. En materia de política exterior ha sido notable el acercamiento creciente a los Estados Unidos, aun cuando en ciertos momentos recuperamos la actitud desafiante de la época bipolar.